Montevideo. El Senado de Uruguay aprobó ayer el proyecto de ley que liberaliza el aborto, lo que pone fin a un prolongado trámite parlamentario. La Cámara de Diputados lo había hecho la semana pasada, luego de una maratónica sesión de 15 horas en la que no faltó la polémica. Pero el asunto terminará con el veto del presidente socialista Tabaré Vázquez, si este cumple su palabra.La tenacidad casi obsesiva de los promotores del aborto logró un paso más. Fue el sexto intento desde el regreso a la democracia en 1985 por lograr el “derecho” del aborto.
Cabe consignar que el aborto en Uruguay no está totalmente penalizado; en casos de violación o cuando la vida de la madre corre peligro no existe el delito. Los procesamientos de mujeres por abortar son muy pocos y los médicos no suelen informar a las autoridades cuando atienden a una mujer que viene de practicarse un aborto.
El proyecto de ley establece que el aborto puede practicarse durante las 12 primeras semanas de gestación si la mujer alega “situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias”. El médico “deberá brindar información y apoyo, antes, durante y después de tomar la decisión”. Informará sobre los programas de adopción y exigirá la autorización por escrito de la mujer. Un tribunal de ética del centro de salud decidirá si se procede al aborto, que también podrá practicarse cuando haya “grave riesgo” para la mujer, o cuando se prevean “malformaciones”.
Las menores deberán tener el permiso de padres o tutores para abortar. Si se lo niegan, podrán pedir autorización a un juez, que deberá decidir en cinco días.
Todo aborto que no cumpla los requisitos legales se penará con prisión.
Los médicos solo podrán invocar objeción de conciencia si la declaran en el plazo de 30 días desde que se promulgue la ley. Si no, luego no podrán negarse a realizar abortos.
En cambio, los centros de salud privados no podrán eximirse de practicar abortos, según el proyecto de ley. De todas formas, algunas instituciones médicas –como el Centro Católico– han anunciado que no los harán.
Por un solo voto
La larga sesión en Diputados terminó con el beneplácito de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva por un solo voto: 49 a 48. En el momento de levantar la mano dos legisladores se retiraron. Los sufragios necesarios se alcanzaron luego de varios cuartos intermedios, donde los legisladores del oficialista e izquierdista Frente Amplio trataron de convencer a cuatro compañeros reacios a votar a favor de la ley. Alrededor de las 2.30 de la madrugada del miércoles 5 de noviembre lo lograron con tres de ellos, lo que bastó para que la liberalización del aborto siguiera su curso.
El asunto no era de disciplina partidaria; no obstante, los legisladores del Frente Amplio estaban empeñados en salirse con la suya por más que el presidente, de su propio partido, ha dicho con firmeza que vetará la ley (tiene diez días para hacerlo una vez aprobada por el Parlamento). A poco de ingresar en un año electoral, el debate sobre el aborto se politizó de tal manera que no hizo más que desprestigiar a la clase política y a la institución parlamentaria. La disputa también aireó las diferencias internas del gobernante Frente Amplio.
Antes del sufragio en Diputados, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, recordó que los católicos que promovieran o votaran a favor de la despenalización del aborto quedarían excomulgados ipso facto. Algunos legisladores que debían votar la mentada ley se sintieron presionados –¡y escandalizados!– por las palabras de Cotugno. Muchos de esos políticos, la mayoría del Frente Amplio, ni siquiera son católicos.
El sábado 8 de noviembre la Conferencia Episcopal de Uruguay, reunida en la ciudad de Florida, emitió un comunicado que siguió en buena medida las palabras del arzobispo de Montevideo. “En relación a los fieles católicos que promuevan y/o voten una ley favorecedora del aborto, les recordamos que quien actúa así rompe el vínculo que lo une a Cristo con la Iglesia. Mientras no cambie su posición, queda impedido de acercarse a la Comunión eucarística (Código de Derecho Canónico, cánones 1341 y 1398)”.
El Senado volvió a tratar el proyecto, que se le había remitido con carácter de urgente, y lo aprobó sin demora, por 17 votos contra 13. El retorno a la cámara alta se debió a que parte del texto de la legislación fue rechazada por los diputados: la que se refería a los derechos sexuales y reproductivos como “derechos humanos universales” y la que establecía que “en materia de sexualidad humana se reconocerá tanto la función biológica vinculada a la procreación, como el carácter placentero”, y que “el derecho de toda persona a procurar su satisfacción sexual según sus propias necesidades y preferencias, siempre que resulten respetados los derechos de terceros”. Los senadores aceptaron suprimir esos puntos.
En noviembre del año pasado, el Senado dio el visto bueno a esta ley, cuando tres semanas antes la votación había sido negativa (cfr. Aceprensa, 20-11-2007). Bajo presión de los senadores del Frente Amplio –con mayoría en la cámara alta, al igual que en Diputados–, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva resultó ser sancionada; contó además con el voto clave a favor del ex presidente y actual senador del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti.
La letra chica
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva es un paquete que incluye otras prerrogativas además del aborto, más allá de que éste haya sido el tema “estrella” de la polémica. Será también el único aspecto que vetará el presidente; las demás disposiciones seguirán en pie.
Así, la educación sexual que se pretende instaurar en los cursos de Primaria y Secundaria está dirigida desde la perspectiva de género y no contempla el rol de los padres, a los que niega el derecho a estar informados acerca del comportamiento de sus hijos menores. Se garantiza el acceso a los distintos métodos anticonceptivos, incluidas la ligadura de trompas y la vasectomía con consentimiento.
El proyecto de ley establece que el aborto puede practicarse durante las 12 primeras semanas de gestación si la mujer alega “situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias”. El médico “deberá brindar información y apoyo, antes, durante y después de tomar la decisión”. Informará sobre los programas de adopción y exigirá la autorización por escrito de la mujer. Un tribunal de ética del centro de salud decidirá si se procede al aborto, que también podrá practicarse cuando haya “grave riesgo” para la mujer, o cuando se prevean “malformaciones”.
Las menores deberán tener el permiso de padres o tutores para abortar. Si se lo niegan, podrán pedir autorización a un juez, que deberá decidir en cinco días.
Todo aborto que no cumpla los requisitos legales se penará con prisión.
Los médicos solo podrán invocar objeción de conciencia si la declaran en el plazo de 30 días desde que se promulgue la ley. Si no, luego no podrán negarse a realizar abortos.
En cambio, los centros de salud privados no podrán eximirse de practicar abortos, según el proyecto de ley. De todas formas, algunas instituciones médicas –como el Centro Católico– han anunciado que no los harán.
Por un solo voto
La larga sesión en Diputados terminó con el beneplácito de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva por un solo voto: 49 a 48. En el momento de levantar la mano dos legisladores se retiraron. Los sufragios necesarios se alcanzaron luego de varios cuartos intermedios, donde los legisladores del oficialista e izquierdista Frente Amplio trataron de convencer a cuatro compañeros reacios a votar a favor de la ley. Alrededor de las 2.30 de la madrugada del miércoles 5 de noviembre lo lograron con tres de ellos, lo que bastó para que la liberalización del aborto siguiera su curso.
El asunto no era de disciplina partidaria; no obstante, los legisladores del Frente Amplio estaban empeñados en salirse con la suya por más que el presidente, de su propio partido, ha dicho con firmeza que vetará la ley (tiene diez días para hacerlo una vez aprobada por el Parlamento). A poco de ingresar en un año electoral, el debate sobre el aborto se politizó de tal manera que no hizo más que desprestigiar a la clase política y a la institución parlamentaria. La disputa también aireó las diferencias internas del gobernante Frente Amplio.
Antes del sufragio en Diputados, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, recordó que los católicos que promovieran o votaran a favor de la despenalización del aborto quedarían excomulgados ipso facto. Algunos legisladores que debían votar la mentada ley se sintieron presionados –¡y escandalizados!– por las palabras de Cotugno. Muchos de esos políticos, la mayoría del Frente Amplio, ni siquiera son católicos.
El sábado 8 de noviembre la Conferencia Episcopal de Uruguay, reunida en la ciudad de Florida, emitió un comunicado que siguió en buena medida las palabras del arzobispo de Montevideo. “En relación a los fieles católicos que promuevan y/o voten una ley favorecedora del aborto, les recordamos que quien actúa así rompe el vínculo que lo une a Cristo con la Iglesia. Mientras no cambie su posición, queda impedido de acercarse a la Comunión eucarística (Código de Derecho Canónico, cánones 1341 y 1398)”.
El Senado volvió a tratar el proyecto, que se le había remitido con carácter de urgente, y lo aprobó sin demora, por 17 votos contra 13. El retorno a la cámara alta se debió a que parte del texto de la legislación fue rechazada por los diputados: la que se refería a los derechos sexuales y reproductivos como “derechos humanos universales” y la que establecía que “en materia de sexualidad humana se reconocerá tanto la función biológica vinculada a la procreación, como el carácter placentero”, y que “el derecho de toda persona a procurar su satisfacción sexual según sus propias necesidades y preferencias, siempre que resulten respetados los derechos de terceros”. Los senadores aceptaron suprimir esos puntos.
En noviembre del año pasado, el Senado dio el visto bueno a esta ley, cuando tres semanas antes la votación había sido negativa (cfr. Aceprensa, 20-11-2007). Bajo presión de los senadores del Frente Amplio –con mayoría en la cámara alta, al igual que en Diputados–, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva resultó ser sancionada; contó además con el voto clave a favor del ex presidente y actual senador del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti.
La letra chica
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva es un paquete que incluye otras prerrogativas además del aborto, más allá de que éste haya sido el tema “estrella” de la polémica. Será también el único aspecto que vetará el presidente; las demás disposiciones seguirán en pie.
Así, la educación sexual que se pretende instaurar en los cursos de Primaria y Secundaria está dirigida desde la perspectiva de género y no contempla el rol de los padres, a los que niega el derecho a estar informados acerca del comportamiento de sus hijos menores. Se garantiza el acceso a los distintos métodos anticonceptivos, incluidas la ligadura de trompas y la vasectomía con consentimiento.
Firmado por Pedro Dutour
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