Buenos Aires, 16 Jun. 10 (AICA)
La mayoría de los juristas, abogados y magistrados, que expusieron ayer ante los integrantes de la Comisión de Legislación General del Senado, rechazó el proyecto de ley para modificar el Código Civil a fin de permitir el “matrimonio” entre personas del mismo sexo.
Coincidieron en que la iniciativa demuestra una "improvisación legislativa" y advirtieron sobre las "graves consecuencias" jurídicas que puede causar su aprobación.
Asimismo, negaron que prohibir el “matrimonio” a homosexuales pueda considerarse una discriminación, al explicar -según lo hizo el doctor Eduardo Sambrizzi, vicepresidente de la Corporación de Abogados Católicos- que “a nadie se le impide casarse por su orientación sexual, las limitaciones (tampoco se pueden casar dos hermanos, más de dos personas…) son las mismas para heterosexuales y homosexuales”. “No hay discriminaciones ni injustas, ni arbitrarias”, se subrayó.
Qué dijeron los oradores
Eduardo Sambrizzi, Vicepresidente de la Corporación de Abogados Católicos: explicó que prohibir el matrimonio a homosexuales no constituye discriminación, a nadie se le impide casarse por su “orientación sexual”, las limitaciones (no se pueden casar dos hermanos, más de dos personas…) son las mismas para heterosexuales y homosexuales, no hay “discriminaciones ni injustas, ni arbitrarias”. Tampoco violaría el “principio de igualdad ante la ley” (no son iguales las circunstancias). Cuando se refirió al argumento del lobby gay de que hay cientos de parejas homosexuales en las que uno de ellos ya adoptó a un niño y esperan la ley para que el otro también pueda adoptarlo sostuvo que “no se requiere ser muy perspicaz para concluir en la posibilidad cierta de que se haya omitido informar al juez, al requerir la adopción por una sola persona, sobre la situación de convivencia que tenía con alguien de su mismo sexo”.
Mauricio Mizrahi, Juez de la Cámara Civil - Sala B: “nuestro sistema constitucional descansa en la tolerancia”, “las uniones homosexuales no deben quedar excluidas de los beneficios sociales mientras no perjudiquen a un tercero” y esto es lo que ocurre, según Mizrahi, en el caso de adopción. “Las uniones homosexuales y heterosexuales son distintas” y no deben ser tuteladas con la misma figura jurídica. Reclamó una figura alternativa que no contemple la adopción para los homosexuales. “Los niños tienen derecho a un proceso unitario de procreación, gestación y parto; a tener una sola madre y un solo padre” y a no ser privados de ninguno de los dos. “En la fecundación artificial de homosexuales –a sabiendas- se está produciendo un huérfano, distinto es el caso de la adopción donde el niño ya existe y se busca solución”.
Alberto Solanet, Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia: fue al meollo del tema, habló de la naturaleza del matrimonio y enfatizó que “las relaciones entre homosexuales son intrínsecamente desordenadas” y, como tal, “no pueden generar derechos ni tener protección legal”. Desenmascaró el “uso abusivo de la palabra discriminación” y afirmó que el proyecto “no evita la discriminación”, “oculta la realidad de las cosas para fingir que es igual lo que es diferente”. Destacó que la modificación de la ley antidiscriminatoria para incluir “género y orientación sexual” y la modificación del Código Penal conexa, que estudia la cámara baja es “una provocación ideológica, impulsada por la militancia homosexual”. Denunció un plan para destruir a la familia” plasmado en el “Plan Nacional contra la Discriminación” aprobado por decreto del ex presidente Kirchner. Exhortó finalmente a los senadores a no tener temor y a no dejarse extorsionar, “las presiones políticas o económicas no pueden alterar el mandato de sus conciencias”, remató.
Claudio Grosso, abogado (UCA), autor de diversas publicaciones sobre el régimen del matrimonio: describió las características y fines del matrimonio “una noción pre-jurídica”. Diferenció homogamia y matrimonio. Probó que “el proyecto se basa en argumentos aparentes o falsos”, cuestiones subjetivas que “no pueden ser el punto de apoyo para ley jurídica”. “El derecho no trata cuestiones tales como el afecto o el amor en el matrimonio civil, y mucho menos trata sobre la orientación sexual de los ciudadanos”, afirmó. Mostró que el proyecto discrimina injustamente otras formas de convivencia (concubinato, congregaciones religiosas, comunidades terapéuticas…) y a la mujer y al niño. Evidenció las diferencias entre una pareja homosexual y una heterosexual que por edad o por enfermedad no puede procrear; y entre una “familia monoparental” y una “bipersonal del mismo sexo”. Destacó finalmente que si el proyecto se sanciona sería una ley “claramente inconstitucional”, “viciada e inválida” que provocaría un “desorden institucional”.
Miguel Haslop, presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados Católicos: Mencionó tratados internacionales y jurisprudencia. Aseguró que el inconstitucional proyecto además del régimen del matrimonio, afectaría gravemente los regímenes de filiación, parentesco, nombre, adopción, sucesión y seguridad social. Dio respuesta a los reclamos del lobby gay y reveló sus verdaderas intenciones citando las palabras de uno de sus activistas, el escritor Michael Signorile: “Luchar por el matrimonio del mismo sexo y sus beneficios y entonces, una vez garantizado, redefinir la institución del matrimonio completamente, pedir el derecho de casarse no como una forma de adherirse a los códigos morales de la sociedad sino de desbancar un mito y alterar radicalmente una institución arcaica. La acción más subversiva que pueden emprender los gays y lesbianas es transformar por completo la noción de familia”.
Francisco Roggero, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: se refirió a adopción un tema que involucra a un “menor indefenso”. “La adopción imita a la naturaleza”, aseguró, y “pone de relieve sus alcances (lo que la naturaleza permite) y sus límites (lo que la naturaleza impide). Cuando el vínculo es “biológico el derecho lo reconoce”, en el “adoptivo el derecho lo crea”, esa creación debe “imitar la naturaleza” de forma tal de “proteger el interés del menor”, que es la clave del sistema de adopción, “la adopción no satisface deseos” de los adultos. No hay “fraternofobia” cuando no se le da la adopción conjunta a dos hermanos. Citó finalmente estudios científicos que muestran que las parejas homosexuales son más inestables, más promiscuas y remató preguntando ¿podemos entregar menores en adopción a parejas homosexuales sin ninguna duda razonable acerca de si es bueno para los chicos o puede hacerles daño?
Gabriela Seijas, titular del Juzgado Nº 15 (Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA): la jueza que dictó la primera sentencia que permitió el “casamiento” de dos gays fue a apoyar el proyecto para que todas las parejas tengan los mismos derechos “para que haya una sociedad inclusiva”. Habló de las distintas formas de familia y de la “discriminación” y exhortó a pensar en “el daño y el dolor” que esto último provoca. Martha Gómez Alsina, titular del Juzgado Nacional en lo Civil con competencia exclusiva en materia de familia: “cuando los tratados internacionales hablan de otros derechos mencionan personas, en el caso del matrimonio dicen hombre y mujer”. Describió algunas consecuencias del proyecto: dijo que no se puede desconocer un tratado internacional que exige la protección de la familia, que la filiación se funda en el nexo biológico y que esto traería problemas en el caso de la fecundación asistida, y que para la adopción tiene que primar el interés del niño. Aseguró que es un proyecto que reemplaza términos y que tiene “poca profundidad jurídica”. Elena Liberatori, titular del Juzgado Nº 4 (Contencioso, Administrativo y Tributario de Buenos Aires): defendió sus sentencias, las que permitieron el “casamiento” de dos parejas de gays y una de lesbianas y se dedicó a criticar a la justicia civil que mediante cautelar había anulado sus fallos “anular la sentencia de un juez de otro fuero es un escándalo”, “nosotros tenemos que afianzar el poder judicial”. Advirtió que no había declarado la inconstitucionalidad del Código Civil sino que había actuado en el marco de la teoría del “caso no previsto”. Recordó otra sentencia suya en la que obligó a una obra social a cubrir la inseminación artificial de dos lesbianas y enfatizó que hoy “dos mujeres pueden tener un hijo”. Cuando la presidente de la Comisión, Liliana Negre, le pidió que hable del proyecto sólo acotó que tiene convicciones propias y que encontró razones que plasmó en sus sentencias. La senadora Escudero le preguntó si antes de dictar sentencia se había informado sobre las consecuencias que acarrea la crianza por parte de homosexuales y respondió que no, pero que tiene “amigos homosexuales que comparten hijos”.
Guillermo Scheibler, titular del Juzgado Nº 13 (Contencioso, Administrativo y Tributario porteño): dijo que dictó un fallo a favor del “matrimonio” homosexual y su postura al respecto es pública, por lo que iba a hablar del proyecto de la senadora Bortolozzi que promueve la “unión civil”. Manifestó que esta figura jurídica afecta la igualdad y es discriminatoria. Recalcó que “el estado es laico” y que “una ley de matrimonio civil no puede coincidir con principios religiosos”. Enfatizó que la unión civil es peor que “iguales pero separados”. Disintió con Gómez Alsina, sostuvo que los tratados internacionales mencionan el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio pero, añadió, “no dicen entre sí”. “No se pueden imponer convicciones religiosas -que no gozan de amplio consenso social- a los no creyentes, sobre todo si vulneran derechos de otros”. “Las convicciones morales o religiosas son para el ámbito privado”.
Félix de Igarzábal, titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 85: en alusión a Liberatori comenzó aclarando que era un debate de ideas, que no habían sido convocados para hablar de lo que hacían en el ámbito laboral. Comentó que es padre de 8 hijos y que con el proyecto en debate “lo quieren convencer de que sea de River cuando es de Boca”. “Tratan de equiparar lo que es distinto”. Hizo foco en el espíritu docente de la ley y añadió que la ley tiene que lograr un orden social justo. “Una ley que confunde no pone orden”. “Trabajemos en leyes que pongan orden”, remató.
Graciela Medina, Juez de la Cámara Federal Civil y Comercial: comenzó aclarando que la afirmación de Liberatori sobre la falta de antecedentes de jueces que dejan sin efecto la sentencia de un magistrado de otro fuero es “absolutamente falsa” y dio ejemplos concretos. Añadió que pedir “el juicio político cuando un tribunal de otra jurisdicción deja de lado un fallo nuestro” es improcedente. Dijo que era heterosexual pero que pertenece a la Comunidad Homosexual porque es su asesora y que no todos los que critican el proyecto lo hacen porque discriminan o niegan “los derechos de las parejas homosexuales”. Puntualizó después, detalladamente, las falencias jurídicas y las lagunas legales que aparejaría el proyecto aprobado por Diputados. Explicó que los 7 países que legalizaron el “matrimonio” homosexual antes modificaron otras leyes (fecundación artificial, adopción…) y que sin esas modificaciones se genera un “caos”. Enfatizó que el proyecto dejaría a los heterosexuales con menos derechos que los homosexuales y añadió “no quiero menos derechos”.
Hugo Zuleta, titular del Juzgado Nº 10 (Contencioso, Administrativo y Tributario porteño): “un análisis jurídico no es un análisis metafísico”. Con cierta timidez, tras la crítica lapidaria de Medina, se manifestó a favor del proyecto. Habló de las obligaciones y derechos de los esposos y agregó que no cambian si estos son del mismo o distinto sexo. “Las distinciones en base a la orientación sexual forman categorías sospechosas que originan discriminaciones perversas”. Sólo intentó rebatir una de las muchas objeciones de Medina alegando que no se “invisibiliza” a la mujer cuando se pone “padres” porque es un genérico propio del idioma castellano y acotó que en su trabajo usan el las/los que es “políticamente correcto” pero que “no permite leer el escrito en voz alta”.
Buenos Aires, 29 Jun. 10 (AICA)
