La Constitución viola los principios no negociables. Discrecionalidad del EstadoEl 7 de febrero pasado entró en vigor la nueva Constitución de Bolivia. Ese día, el presidente Evo Morales proclamó “el nacimiento de la república del socialismo comunitario y antiimperialista”.
La Constitución, digitada por el indigenismo neomarxista, fue aprobada en el referéndum realizado el 25 de enero, por el 60% de los votos a favor, contra el 40%.
La Constitución viola los principios no negociables
El indigenismo neomarxista, promovido por la teología de la liberación, que está más activa que nunca en su versión eco-indigenista -como en Ecuador (NG 893) y Paraguay (NG 912)-, se rinde al imperialismo de los países centrales cuando se trata de avasallar a la vida humana y a la familia.
La Constitución boliviana es otro ejemplo de sometimiento de los países del Sur a los dictados del Norte. No respeta los principios no negociables enunciados por Benedicto XVI.
Dice la Conferencia Episcopal en el documento ya citado:
- “El Proyecto de nueva Constitución no reconoce el derecho a la vida ‘desde la concepción’” (Art. 15, I.)
- “La ambigüedad de los derechos llamados sexuales y reproductivos (Ver Art. 66) pone en peligro la integridad de la familia en su función procreativa y debilita el derecho a la misión educativa de los padres para con sus hijos. Al no haberse modificado este reconocimiento, persiste el peligro de limitar la tutoría de los padres de familia sobre sus hijos y se pone en riesgo el ideal de persona, familia y sociedad desde los valores cristianos o culturales nativos, en el marco del respeto a la dignidad humana. El carácter ambiguo de la formulación constitucional del ‘matrimonio entre una mujer y un hombre’ (Art. 63) y del reconocimiento estatal de ‘las familias’ (Art.62), como si fueran una de las varias clases de matrimonio o familia, abre la posibilidad de que se consideren como tales a aquellas relaciones de pareja entre personas del mismo sexo”.
Aunque los obispos no reparan en ello, el texto favorece el reconocimiento social y jurídico de la homosexualidad, al sancionar la supuesta discriminación por “orientación sexual, identidad de género” (Art. 14. II).
Por otro lado, la Conferencia Episcopal destaca que están en peligro los derechos de los padres dentro del sistema educativo institucionalizado y el reconocimiento del derecho a enseñar de las entidades religiosas.
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