La senadora Bortolozzi pide que las indígenas sean exceptuadas de la ley que permite la esterilización voluntaria, para que esos pueblos “no sean exterminados”. ¿El resto de la población no merece la misma protección? ¿Esterilizarse es un derecho?Por Mónica del Río
La ley 26.130 garantiza la esterilización quirúrgica a petición de la mujer. El Senado estudia ahora un proyecto de la senadora Adriana Bortolozzi de Bogado (FpV, Formosa) que obligaría a las aborígenes que quieran ligarse las trompas, a contar “con el consentimiento de su conviviente y el de todos los miembros mayores de edad de su grupo familiar o de sus comunidades”. La senadora fundamenta su proyecto (exp. 153-S-08) en “la lucha de los pueblos originarios para no ser exterminados”.
Es sabido que las ligaduras de trompas son una herramienta de los países centrales, que ven como una amenaza para sus intereses, el crecimiento de la población en los países en vía de desarrollo. Con estas esterilizaciones el imperialismo demográfico trata de impedir que los pobres tengan hijos. Esta práctica se ha usado en el sudeste asiático, en África y en países más cercanos a nosotros como Brasil, Colombia y Perú. No obstante, el “exterminio” de los pobres no parece preocuparle a la progresista senadora, si esos pobres no son indígenas.
Recordemos que durante el debate de la ley de esterilizaciones quirúrgicas -en el recinto de la Cámara de Diputados- se eliminó el último artículo del proyecto que invitaba a las provincias a adherir. Un “derecho”, enfatizó el santafecino Sylvestre Begnis, presidente de la Comisión de Salud, “no puede ser objeto de opiniones”. Conforme a ese planteo, la iniciativa de Bortolozzi sólo deja dos alternativas: a) los aborígenes no gozan de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, b) esterilizarse no es un derecho. La primera no parece estar en las intenciones de la senadora; la segunda corrobora, involuntariamente, lo que repetimos tantas veces.
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