Fuente: El PaísEl artículo publicado de esta jurista, miembro de Jueces para la Democracia, constituye una llamada a superar un "pensamiento único" contra el que ha resultado muy difícil denunciar las ineficacias y los resultados contraproducentes de esta ley.
Sanahuja, desde la propia experiencia en el ejercicio de la judicatura, enumera estos desaguisados que, según dice, obedecen en muchos casos a la falta de libertad que jueces y otros funcionarios del Estado sufren ante la presión de los medios, autorizando indiscriminadamente medidas que pueden instrumentalizarse para intereses bien distintos del que pretenden proteger y de las que pueden derivarse, además, graves perjuicios para muchas personas.
Órdenes de alejamiento que resultan muy ineficaces en la defensa ante una agresión y que, sin embargo, impuestas sin demasiadas pruebas, podrían ser causa de despido en el caso de que ambos trabajen en la misma empresa; abogados que recomiendan el argumento del maltrato en los procesos civiles para lograr que a sus clientes se les atribuya de modo automático el uso provisional de la vivienda familiar; detención de hombres sin más indicios que la sola afirmación de la denunciante, denuncias falsas que estigmatizan de modo irreversible a quienes las padecen.
No obstante, para la magistrada de la Audiencia de Barcelona no se trata sólo de la maldad de algunos. “Lo tremendo es estructurar un sistema legal, y una aplicación de la norma, que permita a los perversos utilizar la organización colectiva para conseguir sus objetivos, causando daño a muchos otros (niños, abuelos, padres…), y se mantenga durante años a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado".
Sanahuja atribuye a la ley integral contra la violencia sobre la mujer, que "era bienintencionada", una cantidad de defectos especialmente sensibles a la hora de su aplicación. "La consecuencia de atribuir a un órgano de cada partido judicial en exclusiva esta materia ha desorganizado la estructura judicial y colapsado los juzgados de violencia, que se han convertido en destinos que no quiere prácticamente nadie".
Aplicando leyes como la de Enjuiciamiento Criminal, donde antes de cualquier certeza el denunciado recibe ya el nombre de "agresor", el aparato judicial puede también contribuir al colapso de los servicios administrativos y a hacerlos incapaces de atender eficazmente la protección de las víctimas. Mientras, entre éstas, una mayoría de mujeres que siguen sufriendo la violencia "en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines".
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Sanahuja, desde la propia experiencia en el ejercicio de la judicatura, enumera estos desaguisados que, según dice, obedecen en muchos casos a la falta de libertad que jueces y otros funcionarios del Estado sufren ante la presión de los medios, autorizando indiscriminadamente medidas que pueden instrumentalizarse para intereses bien distintos del que pretenden proteger y de las que pueden derivarse, además, graves perjuicios para muchas personas.
Órdenes de alejamiento que resultan muy ineficaces en la defensa ante una agresión y que, sin embargo, impuestas sin demasiadas pruebas, podrían ser causa de despido en el caso de que ambos trabajen en la misma empresa; abogados que recomiendan el argumento del maltrato en los procesos civiles para lograr que a sus clientes se les atribuya de modo automático el uso provisional de la vivienda familiar; detención de hombres sin más indicios que la sola afirmación de la denunciante, denuncias falsas que estigmatizan de modo irreversible a quienes las padecen.
No obstante, para la magistrada de la Audiencia de Barcelona no se trata sólo de la maldad de algunos. “Lo tremendo es estructurar un sistema legal, y una aplicación de la norma, que permita a los perversos utilizar la organización colectiva para conseguir sus objetivos, causando daño a muchos otros (niños, abuelos, padres…), y se mantenga durante años a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado".
Sanahuja atribuye a la ley integral contra la violencia sobre la mujer, que "era bienintencionada", una cantidad de defectos especialmente sensibles a la hora de su aplicación. "La consecuencia de atribuir a un órgano de cada partido judicial en exclusiva esta materia ha desorganizado la estructura judicial y colapsado los juzgados de violencia, que se han convertido en destinos que no quiere prácticamente nadie".
Aplicando leyes como la de Enjuiciamiento Criminal, donde antes de cualquier certeza el denunciado recibe ya el nombre de "agresor", el aparato judicial puede también contribuir al colapso de los servicios administrativos y a hacerlos incapaces de atender eficazmente la protección de las víctimas. Mientras, entre éstas, una mayoría de mujeres que siguen sufriendo la violencia "en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines".
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