Por Mónica del Río (NOTIVIDA)Se practicó el aborto en el Hospital Materno-Infantil de Tigre que dirige Lionel Cracco. El profesional dijo que una junta especial evaluó la salud integral (física, psíquica y social) de la menor antes de tomar la decisión.
La niña de 10 años con retraso madurativo, que estaba embarazada de 11 semanas, era violada desde hacía tiempo por su padrastro. Al saber que estaba embarazada su mamá solicitó el aborto amparándose en el art. 86 del Código Penal.
Mientras los medios de comunicación siguen erotizando a la población y los violadores caminan por la calle; crece la lista de inocentes asesinados en "democracia”, sin nombre ni tumba.
Los casos anteriores
8 julio de 2005: después de que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires les diera “permiso para matar”, los médicos del Hospital Evita de Lanús, practicaron el aborto a una mujer que sufría una miocardiopatía dilatada. El Hospital Universitario Austral ofreció en ese momento infraestructura y especialistas, para intentar salvar las dos vidas, otros ofrecieron subsidios para madre e hijo y varios matrimonios solicitaron la adopción. Todo fue rechazado, se asesinó al bebé, un inocente de más de 5 meses de gestación.
19 de agosto de 2006: se practicó el aborto a la discapacitada de Guernica que por entonces tenía 19 años y cinco meses de embarazo, una vez más la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires había dado “permiso para matar”. El crimen se consumó en una clínica privada de La Plata -con el apoyo de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” según declaró en ese momento a los medios la ya fallecida activista abortista Dora Coledesky- porque el Hospital San Martín de esa ciudad se negó finalmente a realizar la intervención por lo avanzado del embarazo.
24 de agosto de 2006: En la madrugada y tras haber obtenido, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, el “permiso para matar”; se asesinó al bebé en un hospital público de esa provincia. La gestante, de 25 años, había sido violada por el concubino de su hermana que vivía bajo el mismo techo. Se volvieron a rechazar los ofrecimientos (adopción, subsidios…) que intentaban salvar ambas vidas. El resultado: otro inocente aniquilado.
22 de septiembre de 2007: El bebé en gestación de Paraná, producto de una violación a una discapacitada mental, fue asesinado en Mar del Plata.
El Superior Tribunal de Entre Ríos había dado “permiso para matar”, pero una cosa es dictar la pena de muerte y otra ejecutarla. Los médicos del Materno Infantil de Paraná se negaron por unanimidad a practicar el aborto. Declaró el Dr. Cati, director del hospital: tras la microcesárea “el médico recibe un feto vivo, cuyo corazón late, que mueve sus miembros. Usted qué hace: ¿lo tira a la chata y deja que se muera o llama a un pediatra? Ningún médico quiere enfrentar esa situación” (Página 12, 22/09/2007).
Pero el Gobierno de Néstor Kirchner no escatimó esfuerzos hasta encontrar al verdugo. Sus funcionarios se ocuparon del caso. El INADI, acompañó a la joven mamá a Mar del Plata mientras el por entonces Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, hacía las gestiones para que en el Materno Infantil de esa ciudad, que dirigía Hugo Casarca, se asesinara brutalmente al bebé.
La niña de 10 años con retraso madurativo, que estaba embarazada de 11 semanas, era violada desde hacía tiempo por su padrastro. Al saber que estaba embarazada su mamá solicitó el aborto amparándose en el art. 86 del Código Penal.
Mientras los medios de comunicación siguen erotizando a la población y los violadores caminan por la calle; crece la lista de inocentes asesinados en "democracia”, sin nombre ni tumba.
Los casos anteriores
8 julio de 2005: después de que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires les diera “permiso para matar”, los médicos del Hospital Evita de Lanús, practicaron el aborto a una mujer que sufría una miocardiopatía dilatada. El Hospital Universitario Austral ofreció en ese momento infraestructura y especialistas, para intentar salvar las dos vidas, otros ofrecieron subsidios para madre e hijo y varios matrimonios solicitaron la adopción. Todo fue rechazado, se asesinó al bebé, un inocente de más de 5 meses de gestación.
19 de agosto de 2006: se practicó el aborto a la discapacitada de Guernica que por entonces tenía 19 años y cinco meses de embarazo, una vez más la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires había dado “permiso para matar”. El crimen se consumó en una clínica privada de La Plata -con el apoyo de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” según declaró en ese momento a los medios la ya fallecida activista abortista Dora Coledesky- porque el Hospital San Martín de esa ciudad se negó finalmente a realizar la intervención por lo avanzado del embarazo.
24 de agosto de 2006: En la madrugada y tras haber obtenido, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, el “permiso para matar”; se asesinó al bebé en un hospital público de esa provincia. La gestante, de 25 años, había sido violada por el concubino de su hermana que vivía bajo el mismo techo. Se volvieron a rechazar los ofrecimientos (adopción, subsidios…) que intentaban salvar ambas vidas. El resultado: otro inocente aniquilado.
22 de septiembre de 2007: El bebé en gestación de Paraná, producto de una violación a una discapacitada mental, fue asesinado en Mar del Plata.
El Superior Tribunal de Entre Ríos había dado “permiso para matar”, pero una cosa es dictar la pena de muerte y otra ejecutarla. Los médicos del Materno Infantil de Paraná se negaron por unanimidad a practicar el aborto. Declaró el Dr. Cati, director del hospital: tras la microcesárea “el médico recibe un feto vivo, cuyo corazón late, que mueve sus miembros. Usted qué hace: ¿lo tira a la chata y deja que se muera o llama a un pediatra? Ningún médico quiere enfrentar esa situación” (Página 12, 22/09/2007).
Pero el Gobierno de Néstor Kirchner no escatimó esfuerzos hasta encontrar al verdugo. Sus funcionarios se ocuparon del caso. El INADI, acompañó a la joven mamá a Mar del Plata mientras el por entonces Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, hacía las gestiones para que en el Materno Infantil de esa ciudad, que dirigía Hugo Casarca, se asesinara brutalmente al bebé.
1 de octubre de 2008: en el Hospital Penna de Bahía Blanca asesinaron al hijo de una joven de 18 años con discapacidad mental que vivía en el Patronato de la Infancia, violada durante una de las salidas. El bebé tenía más de 10 semanas de gestación.
El director del Hospital, Alberto Taranto, decidió practicar el aborto tras consultar con una comisión interdisciplinaria que no incluyó objetores de conciencia. La comisión acordó la realización del aborto porque entendió que la Resolución 304/2007 los eximía de sanciones penales y les otorgaba “permiso para matar”.
La adolescente fue internada inmediatamente pero ante el pedido de adopción del bebé, el juez Jorge Longás dictó una medida cautelar que suspendió el aborto; horas después, los otros dos integrantes del Tribunal de Familia, Edgardo Manassero y Patricia Marenoni revocaron la suspensión, dando luz verde al abominable crimen.
4 de febrero de 2009: en el hospital Ramón Castillo de Santiago del Estero, asesinaron a un bebé de 4 meses de gestación producto de una violación a una joven discapacitada. El aborto fue solicitado por una hermana de 28 años, a la que la juez Mónica Bravo Mayuli designó como representante legal de la joven. El Dr Luciano Paván se había ofreció a adoptar al bebé, pero una vez más se optó por asesinarlo.
18 de mayo de 2009: en el Hospital Artémides Zatti de Viedma, Río Negro, asesinaron a un bebé de 14 semanas de gestación. El aborto fue solicitado por los padres de una nena de 13 años embarazada tras una violación. El violador sería el concubino de su abuela de 64 años que venía abusando de la nena desde hacía un año. La práctica se realizó el mismo día en que la autorizó la Sala B de la Cámara en lo Criminal de Río Negro. La Defensora de Menores apeló en tiempo y forma, pero al bebé ya lo habían matado. El director del hospital, Gonzalo Toundaian, que pidió la actuación de la justicia porque “no se encontraba autorizado legalmente para llevar adelante la práctica”, no esperó la 48 hs necesarias para que el fallo quede firme.
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