"No ha eliminado el problema de los abortos clandestinos"
LISBOA, lunes, 12 de enero de 2009 (ZENIT.org).-El próximo miércoles 14 de enero se presentará en el Parlamento portugués una petición de suspensión de la Ley del aborto. Según informa la agencia portuguesa Ecclesia, se trata de una petición promovida por los movimientos pro-vida que han reunido, en pocos meses, cerca de 4.500 firmas, que serán entregadas al presidente de la Asamblea de la República y al presidente de la Comisión Parlamentaria de la Salud.
Uno de los promotores de esta iniciativa, Luís Botelho Ribeiro, explicó a Ecclesia que se trata de mantener viva la discusión sobre el tema del aborto, que muchos dan por cerrada desde el referéndum del 2007.
"La cuestión del aborto está todo menos cerrada", afirmó el dirigente pro-vida, al tiempo que lamentó la actual "liberalización" de la práctica del aborto y los "abusos intolerables" de la ley existente, que no respeta "el espíritu del legislador".
El texto de la petición destaca que la ley del aborto "no ha eliminado el problema de los abortos clandestinos", pero que sí "está contribuyendo a agravar la tasa de la natalidad y el envejecimiento de la sociedad portuguesa, cada vez más dependiente de los flujos migratorios para esconder su fuerte tendencia recesiva".
La petición también pone de manifiesto las "presiones inaceptables sobre el código deontológico de los médicos", y afirma que la ley "transforma el aborto en un método contraceptivo de hecho, permitiendo abortos múltiples, ya verificados, o 'eugenismo liberal'", contrariamente a lo que proclamaba la campaña del referéndum.
Además, recalca, "a pesar de reconocer a los profesionales de la salud el derecho a la objeción de conciencia, éste no se extiende a los ciudadanos contribuyentes, que entienden como gravemente atentatorio contra su conciencia verse forzados por el Estado a dar su colaboración material, a través de los impuestos, para la realización de abortos".
Los firmantes piden a los diputados portugueses, que son los mismos que aprobaron la ley, "se confronten con sus responsabilidades ante el pueblo portugués, que tiene ante sí un serio problema de envejecimiento poblacional, y a quien se le ha impuesto una ley de exterminio de los bebés no nacidos", añade Botelho.
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