El país rechaza las embestidas de IPAS y Amnistía Internacional por defender la vida frente al aborto.REDACCIÓN HO.- En dos informes recientemente publicados en español, uno de los mayores defensores del aborto del mundo se ha unido a la embestida contra la decisión de Nicaragua de proscribir el aborto. Según informa manifiesto por la vida Ipas, tristemente conocido por distribuir el aspirador manual endouterino -dispositivo utilizado para practicar abortos en fase temprana, particularmente en aquellos países en los que la práctica es ilegal- se ha sumado a las presiones proabortistas lanzadas desde el exterior, acusando a Nicagarua de violar los derechos humanos de las mujeres por su rechazo a la legalización del aborto. En los informes de Ipas se aduce que la proscripción del aborto es inconstitucional y que significa un "revés" para los derechos humanos.
Los legisladores nicaragüenses, por otra parte, afirman que la derogación constituye un paso hacia delante, ya que la ley que permitía el aborto "terapéutico" violaba lo acordado en las obligaciones internacionales asumidas por el país. Nicaragua es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece en su Artículo 4 que la vida debe ser protegida por la ley "desde el momento de la concepción".
Los diputados nicaragüenses que introdujeron la proscripción del aborto afirman que la nueva ley también permite que el código penal sea más consistente con la Constitución, la cual fue enmendada para reconocer explícitamente el derecho a la vida de cada ciudadano tras la abolición de la pena de muerte.
Quienes defienden la vida señalan que la definición de Ipas sobre el mal llamado "aborto terapéutico" demuestra que la postura de los legisladores es correcta: la ley anterior dejaba un resquicio para extender el acceso al aborto. De hecho, el glosario de términos de uno de los informes expande la definición de salvaguardar "la vida y la salud de la madre" incluyendo los embarazos resultantes de circunstancias particulares, como ser las violaciones y los casos de incesto. Y mientras que los informes dicen que "la proscripción del aborto terapéutico excluye a muchas mujeres que lo necesitan a fin de salvar sus vidas", el gobierno de Nicaragua insiste en que la derogación no prohíbe las prácticas médicas tendientes a preservar la vida de la madre. Los críticos también indican que los informes hacen caso omiso de los dos métodos más eficaces para reducir la mortalidad materna: incrementar el número de profesionales capacitados para asistir alumbramientos y mejorar la disponibilidad y la provisión de atención sanitaria pre y post parto para las madres y sus hijos.
Datos recientes sobre salud también demuestran que la prohibición puede salvar la vida de más mujeres. Estadísticas del Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) publicadas tras la introducción de la reforma indican que se ha reducido el índice de mortalidad materna en un 58% entre 2008 y 2009. A pesar de que se indica un progreso en la disminución de dicho índice, los informes de Ipas utilizan la "reducción del número de muertes maternas" como piedra fundamental en su argumentación en contra de la prohibición. Al hacerlo, se alía a una serie de agencias de la ONU y a organizaciones no gubernamentales que están ejerciendo presión sobre el gobierno para que anule la disposición sobre la base de que las leyes liberales que favorecen el aborto son necesarias para reducir las muertes maternas.
Los informes de Ipas también presentan un panorama alarmante para los médicos de Nicaragua, ya que afirman que la prohibición del aborto lesiona el derecho de ejercer libremente la medicina y aducen que ella "obliga a los médicos a violar los principios éticos de su profesión al prevenir un aborto, con lo cual ponen en riesgo la vida o la salud de las mujeres".
La Asociación Médica Nicaragüense argumentó en contra de esa aseveración al declarar que "no existe una situación, en la práctica médica actual, donde la vida humana, desde el momento de la concepción, deba ser intencionalmente destruida por medio del aborto con el propósito de salvar la vida de la madre. Un médico debe hacer todo lo posible para salvar la vida de ambos pacientes, madre e hijo. Jamás debe intentar la muerte de alguno de ellos".
Amnistía Internacional aumenta su presión
También Amnistía Internacional se ha sumado a las presiones proabortistas sobre Nicaragua. En un informe publicado recientemente recogido por manifiesto por la vida, Amnistía califica como "cruel, desgracia inhumana" la prohibición total del aborto en Nicaragua y denuncia que la nueva ley ha dado lugar a un aumento de las muertes maternas. Al igual que en el caso de México, República Dominicana y Perú, el último informe de Amnistía sobre Nicaragua sostiene retorcida y falsamente que el derecho internacional exige a los países permitir el aborto, y llega hasta a tergiversar los hechos que muestran una disminución en la tasa de mortalidad materna gracias a las leyes en defensa de la vida.
La ley nicaragüense que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, fue aprobada unánimemente por la Asamblea Nacional en 2006 y ha sido un pararrayos para las críticas de defensores del aborto en todo el mundo. El nuevo informe de Amnistía "La prohibición total de aborto en Nicaragua: Las vidas y la salud de las mujeres en peligro, los profesionales de la medicina como delincuentes" acusa al gobierno de Nicaragua de aplicar una ley "discriminatoria" que ,aseguran, aumentará la mortalidad materna. Amnistía ataca las sanciones de la prohibición penal afirmando que forzará a los profesionales de la salud a someterse a un "riesgo legal".
Acusando falsamente a Nicaragua de estar violando el derecho internacional, Amnistía cita las recomendaciones no vinculantes de los órganos de vigilancia de las Naciones Unidas - el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité contra la Tortura - como prueba de las obligaciones derivadas del derecho internacional para permitir el aborto en el país.
Críticos de las Naciones Unidas señalan, sin embargo, que ningún tratado de la ONU, menciona el aborto y que los miembros de los comités encargados de supervisar el cumplimiento de los tratados se han tomado la facultad de agregar el "derecho al aborto" a los derechos ampliamente establecidos como el derecho al más alto nivel posible de salud, el derecho a la intimidad y el derecho a no ser discriminado.
Amnistía afirma que la prohibición del aborto en Nicaragua es discriminatoria debido a sus consecuencias negativas para las mujeres y las niñas y añade qye la prohibición impedirá que los profesionales médicos traten en algunos casos a las mujeres por temor a que sus acciones sean sometidas a un procedimiento penal al poder ser consideradas como ayuda a la mujer para terminar su embarazo.
Desde que Amnistía publicó su informe sobre Nicaragua se le ha pedido a esta organización que rinda cuentas sobre sus conclusiones. Mathew Hoffman, reportero de LifesiteNews.com investigando los reclamos de Amnistía acerca de la prohibición de Nicaragua, encontró que dicha organización había falsificado la fecha en que el Código penal había sido modificado en "un aparente intento de encubrir el hecho de que la mortalidad materna disminuyó en 2007, el año después de que se suprimieran las excepciones en el Código penal para "abortos terapéuticos".
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