"EL GOBIERNO NO PUEDE OBLIGARNOS A ACABAR CON LA VIDA DE NUESTROS PACIENTES"

La inmensa mayoría de los ginecólogos son objetores a la práctica del aborto.
REDACCION HO.- Cerca de un centenar de ginecólogos españoles, integrados en el grupo Ginecólogos por el Derecho a Vivir, han advertido este miércoles que el anteproyecto de ley de aborto libre en un régimen de plazos vulnera el derecho a objetar ante una práctica que "acaba con la vida de nuestros pacientes y lesiona la salud de las madres".
El grupo, al que pertenecen profesionales del prestigio de José Zamarriego (ex presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, SEGO), Luis Chiva, Luis Granados y Esteban Rodríguez Martín, ha replicado al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha avisado con que, en el proyecto legislativo que prepara el Gobierno, "un médico podría objetar frente al aborto, pero sólo si el hospital en el que trabaja hace posible que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar".
El anteproyecto prevé, además, la exclusión de los médicos que defiendan el derecho a vivir del no nacido y la salud de las madres, de los comités de bioética de los hospitales públicos:
"No nos hemos hecho ginecólogos para acabar con la vida de nuestros pacientes y lesionar la salud de las madres, y no vamos a consentir que se nos trate como esclavos con leyes totalitarias que violan nuestros derechos individuales, tratando de regular nuestras conciencias".
La objeción al aborto es claramente mayoritaria entre los ginecólogos. Sólo una minoría lo practica, principalmente en centros privados, según recuerda el grupo de Ginecólogos por el Derecho a Vivir, por medio de una nota hecha pública este miércoles.
Exigen que "se nos permita actuar conforme a nuestras obligaciones deontológicas" y señalan tres artículos del Código de Ética y Deontología Médica de 1999, para que el Gobierno comprenda la posición de este colectivo profesional ante el aborto:
-El 27.3 de dicho Código indica que "El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste".
-Otra norma, recogida en el artículo 24.1 del vigente Código de Ética y Deontología Médica, establece que "al ser humano embriofetal enfermo se le debe tratar de acuerdo con las mismas directrices éticas, incluido el consentimiento informado de los progenitores, que se aplican a los demás pacientes".
-El artículo 26.1 del mismo Código reconoce que "el médico tiene el derecho a negarse por razones de conciencia (...) a interrumpir un embarazo".
El mismo grupo de Ginecólogos por el Derecho a Vivir ha anunciado que rechazarán cualquier intento de imponerles el aborto, aunque esa decisión les convierta en víctimas de la legislación que quiere imponer el Gobierno:
"Muchos nos seguiremos negando a cooperar en manera alguna, directa o indirecta, para acabar con la vida de nuestros pacientes y lesionar la salud de las mujeres, aunque no haya ningún médico en el hospital que sea capaz de perpetrar la terminación feticida de la gestación, aún a riesgo de sanción penal que nos convertiría en víctimas inocentes de una ley injusta".
Ginecólogos DAV ha criticado la exclusión de los médicos objetores, de los comités de bioética de los hospitales públicos que deben informar sobre casos de aborto:
"Supone una discriminación ideológica totalitaria de los facultativos. No sólo vulnera el artículo 16 de la Constitución, sino que deja indefenso al nascituro, al carecer, en dichas comisiones, de una representación que defienda sus intereses y priva a la mujer de conocer toda la información acerca de las consecuencias del aborto para su salud sexual, reproductiva y psíquica, que le impedirán tomar una decisión informada.Esta suerte de tribunales, que decidirán qué fetos pueden o deben morir, deja al nascituro sin abogado defensor. El no nacido acudirá a esta especie de juicio en inferioridad de condiciones y será condenado a muerte porque lo decide un grupo de personas elegidas según un criterio ideológico".
El mismo grupo insta al ministro de Justicia a que "haga cumplir la ley actual y persiga el fraude de ley" que tiene como consecuencia la "eliminación de fetos, de manera ilegal, y lesiones a la salud de las mujeres".
Ginecólogos por el Derecho a Vivir es un grupo de opinión formado por médicos ginecólogos y obstetristas, e integrado en la iniciativa cívica Derecho a Vivir, una de las cuarenta entidades convocantes de la manifestación del próximo 17 de Octubre, en Madrid, a favor de la vida, la mujer y la maternidad.