ONG PRO-VIDA EN ARGENTINA NIEGA EXISTENCIA DE "DERECHO PROFESIONAL" A OCULTAR EL ABORTO

BUENOS AIRES, 11 Jul. 08 / 02:21 am (ACI).- Mediante un comunicado público, el Dr. Roberto Castellano, Presidente de la ONG Pro-Vida en Argentina, rechazó enérgicamente la reciente decisión de la Sala Sexta de la Cámara del Crimen de la Capital Federal de desestimar una denuncia penal efectuada por un médico del Hospital Santojanni contra una mujer que debió ser internada a causa de un aborto provocado.
Los jueces interpretaron que el médico denunciante del crimen se había enterado del crimen por su profesión médica y que por lo tanto, el conocimiento del crimen estaba cubierto por el supuesto "secreto profesional" que éste no podía violar.
"El fallo -dice la ONG-, aunque no lo diga, se inscribe en el marco de la llamada 'doctrina abolicionista', en tanto considera al derecho penal una rémora y para la cual, toda persona que delinque es una víctima de la sociedad y por lo tanto no debe ser sancionada".
Según el Dr. Castellano, esta doctrina, "ignora olímpicamente el derecho de la víctima, en este caso, el derecho a la vida del niño abortado. Si bien es cierto que los jueces han actuado luego de sucedidos los hechos, no es menos cierto que el mensaje social que se emite es que el aborto autoprovocado podría ser considerado 'una opción de la mujer gestante' totalmente subordinada a su deseo".
El secreto profesional, explica el comunicado, "no rige para encubrir delitos", y advierte que cuando los jueces no respetan el Código Penal de la nación "se instaura el reino de la inseguridad jurídica y moral. Precisamente en momentos que tanto se habla de los derechos humanos y del papel del poder judicial en su tutela, este fallo lo desmiente y deja impune la muerte de un niño absolutamente inocente e indefenso".
"Si los jueces son los encargados de hacer cumplir la Constitución y la misma ha adoptado la Convención de los Derechos del Niño que asegura la vida de todo niño desde la concepción, repugna a la sana conciencia moral y jurídica un fallo que convierte en letra muerta lo que todos los días se proclama como política de Estado", concluye el comunicado.