"Utilizar el término de discriminación cuando se pretende igualar el matrimonio con una unión homosexual es incorrecto, porque no se parte de las notas que lo definen y hacen a su identidad. Cuando se exigen determinadas aptitudes o condiciones, en este caso la diversidad y reciprocidad en orden a la procreación, no se puede hablar de discriminación”, afirmó el arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, monseñor José María Arancedo.
El prelado sostuvo que “afirmar la heterosexualidad como requisito para el matrimonio no es discriminar, sino partir de una nota objetiva que es su presupuesto” y advirtió que “lo contrario sería desconocer su esencia, es decir, aquello que es. Hay un falso sentido de igualdad que no pertenece a la justicia, porque no parte del sentido de la misma de la realidad”.
“Es propio de la justicia distinguir. Al negar la posibilidad de uniones civiles entre homosexuales no hay discriminación, toda vez que: ‘es posible realizar distinciones de trato entre personas sobre la base de ciertas cualidades personales o naturales, siempre y cuando estas distinciones resulten compatibles con la finalidad o finalidades intrínsecas del instituto, función o realidad práctica de que se trata en cada caso, ya que en estas situaciones las cualidades personales influyen decisivamente en la conducta de los sujetos y en la consiguiente posibilidad de alcanzar aquellas finalidades’”, subrayó citando argumentos de la jurisprudencia.
Asimismo, explicó que “esto no debe entenderse como la negación de un derecho a alguien, sino la necesidad jurídica de afirmar y tutelar un instituto que tiene sus notas y características propias”.
Tras indicar que “si bien se argumenta que se busca proteger socialmente a las personas del mismo sexo que conviven, lo que es atendible”, pidió no olvidar que “estas uniones cuentan con una serie de normas jurídicas o administrativas que atienden sus reclamos y seguridad social, pero desde otro encuadre jurídico y que siempre se puede mejorar”.
“No es posible, por lo mismo, sin forzar el sentido natural y constitucional del instituto del matrimonio, pretender que dichas uniones civiles se formalicen ante un Registro Civil de las Personas, que es un ámbito que tiene su especificidad propia”, aseveró.
Monseñor Arancedo opinó que “el tema de fondo a lo que apunta este reclamo no es la desprotección en su búsqueda de una posible legislación, sino la pretensión de asimilar dichas uniones con la institución matrimonial, con todo lo que ello implica”, y advirtió: “Esto menoscaba el sentido del matrimonio; ante realidades distintas, no hay que temer hablar de ordenamientos propios”.
“Creo que -agregó- es injusto descalificar con el término de discriminación, o tildar de un discurso del pasado, a quien defiende esta postura. Se puede ser progresista y defender la familia fundada sobre el matrimonio. Es más, creo que en esta postura de defensa del matrimonio hay mucho de profético para el mundo de hoy. Toda ley tiene un sentido ejemplar y orientador para la sociedad, por ello se debe evitar en ella toda confusión que no distinga lo que es distinto”.
El arzobispo citó a Juan Pablo II, quien al hablar de la familia decía que es “un bien de la humanidad”, y destacó que “en esta afirmación está implícito el significado del matrimonio”.
“Es de desear que este tema encuentre serenidad de reflexión y sabiduría política, en quienes, por mandato popular, tienen la responsabilidad de legislar sobre una realidad que hace al bien común y al futuro de la sociedad. Por otra parte, no considero un argumento menor a tener en cuenta la cultura del pueblo como patrimonio de una comunidad, esto lo apreciamos cuando la gente se refiere al matrimonio y lo hace espontáneamente en términos de la unión entre un hombre y una mujer, que luego serán padre y madre. En esta simple expresión hay una verdad profunda que el legislador debe saber escuchar y leer en todo su alcance antropológico y social”, concluyó.
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