Nueva York (Estados Unidos), 4 Dic. 09 (AICA)Con motivo de las repercusiones ocasionadas por el fallo de la corte europea de derechos humanos, que pretende obligar a Italia (82,2% de católicos) a retirar el crucifijo de las escuelas públicas, voceros del movimiento pro-vida de los Estados Unidos recordaron que ese fallo se suma a otras medidas punitivas de la Unión Europea como el castigo al diario católico de Polonia (95% de católicos) El Visitante Dominical, y el ataque directo del Parlamento Europeo contra la soberanía de un pequeño Estado Miembro.
Se refiere a Lituania (79% de católicos) cuyo parlamento aprobó una ley que protege a los niños de la propaganda homosexual, lo cual, dicen los voceros, “exasperó a la nueva casta gobernante europea, integrada por una mayoría de socialistas y masones”.
“El Parlamento Europeo -dice una nota firmada por Piero A. Tozzi, del movimiento en defensa de la familia- resolvió por 349 votos contra 218 condenar a Lituania por su “ley de protección de menores” que prohíbe la promoción de “relaciones homosexuales, bisexuales o poligámicas" entre los niños menores de 18 años de la nación báltica. Los críticos que defienden la vida y la familia sostienen que la medida, elucubrada en reacción contra la legislación nacional de un Estado Miembro soberano en cuestiones de familia, excede la autoridad del Parlamento.
En la resolución se solicita a la Agencia de Derechos Fundamentales que estime si la ley se opone a los estándares antidiscriminatorios europeos. Una opinión semejante sería no vinculante, aunque es probable que los activistas la utilicen para ejercer presión a fin de alcanzar un mayor reconocimiento de los derechos basados en la “orientación sexual”.
En una propuesta anterior presentada por la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE, por sus siglas en inglés), la facción parlamentaria “liberal” pretendía iniciar demandas para suspender a Lituania según lo establecido en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, pacto mediante el cual en 1992 se creó la Unión Europea (UE). Los parlamentarios unidos principalmente al grupo de los demócratas cristianos, el Partido Popular Europeo (PPE), trabajaron para suavizar los términos de la resolución y quitar la referencia al artículo 7. Mientras que los parlamentarios “progresistas” (socialistas y masones) se unieron para incriminar a Lituania de “promover la homofobia”, varios miembros del PPE y parlamentarios de derecha efectuaron declaraciones en oposición a la medida y expresaron su apoyo hacia el derecho soberano del país de aprobar leyes que protegen a las familias y a los niños. Entre ellos se hallaron el primer Jefe de Estado postsoviético lituano, Vytautas Landsbergis, y la parlamentaria eslovaca Anna Záborksá.
No obstante, el PPE se mantuvo dividido respecto de la medida, ya que casi todos sus miembros franceses votaron a favor de censurar a Lituania. De manera sorprendente, la delegación de Malta, junto con sus dos representantes del PPE, votó en bloque contra Lituania.
El Parlamento lituano (Seimas) aprobó en junio la ley de protección al menor. El presidente la vetó, aparentemente en reacción frente a las críticas de los políticos de Europa Occidental y de las organizaciones que promocionan y defienden la homosexualidad. Al mes siguiente, en julio, el Seimas anuló el veto. Se prevé que la ley entrará en vigor en marzo de 2010.
David Quinn, director del Instituto Iona de Irlanda y defensor de los derechos de la familia, dijo que la resolución constituye "una intromisión completamente injustificada en los asuntos nacionales de un Estado Miembro”. Los críticos como Quinn ven que se está usando el principio de no discriminación, particularmente en lo que concierne a la orientación sexual, para anular los largamente venerados valores de la libertad religiosa y los derechos de los padres. Quinn dijo que la anti-discriminación es “la llave maestra que abre todas las puertas de la casa”.
Si bien la UE “garantizó” que la protección constitucional irlandesa de la vida en gestación no se verá afectada por el voto positivo en Lisboa, la medida adoptada por el Parlamento Europeo respecto de Lituania avivó la preocupación entre los irlandeses euroescépticos, quienes temen que las instituciones europeas pretendan pasar por alto las leyes de su país. Entre otras modificaciones, el Tratado de Lisboa establece que la Carta de Derechos Fundamentales sea un documento vinculante para sus miembros. Aunque omite el tema del aborto, los críticos temen que la Corte Europea de Justicia interprete que ese derecho está contemplado en la Carta.
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