Dentro de las diversas cuestiones que nuestros políticos están debatiendo con motivo de la nueva ley socialista del aborto, se encuentra una que ha pasado bastante desapercibida para los medios de comunicación: la de qué pasa cuando se practica un aborto fuera del tiempo permitido por el plazo de 14 semanas que, según parece, se va a aprobar. ¿Qué consecuencias se producirán cuando unos padres deciden abortar un feto de, digamos, 18, 20 o 22 semanas y perfectamente sano? Pues tales casos existen, como pudimos comprobar hace algún tiempo en las clínicas del siniestro Carlos Morín, y seguirán existiendo. En fin: para tales supuestos, ¿qué va a establecer la nueva ley?Hace un par de meses, Maria Teresa Fernández de la Vega reconoció en unas declaraciones que el Gobierno todavía no había tomado una decisión al respecto. Pero, hace unas semanas, el problema se resolvió en el sentido que, por desgracia, cabía esperar: Bibiana Aído, nuestra ministra de Asuntos Abortivos, ha decidido, de acuerdo con Zapatero -ese faro que nos alumbra-, que, si se comete un aborto fuera del plazo legalmente establecido, se impondrá al infractor… una multa. Sí, sí, una simple multa incluso en el caso del aborto de un feto que ya sería prácticamente viable y podría sobrevivir en caso de parto prematuro.
Si nos fijamos, los teóricos socialistas del aborto incurren aquí en una flagrante contradicción. Según la doctrina Aído, un embrión de 13 semanas es “un ser vivo”, mientras que uno de 15 parece que ya sería algo más, aunque, desde el punto de vista progresista, todavía no un ser humano pleno: si la ley fija un plazo de 14 semanas para el aborto legal y declara ilegales y fuera de la ley los que se practican más allá de ese punto, digo yo que será porque, de alguna manera, se está reconociendo que, a partir de cierto momento de su desarrollo, el feto adquiere unos rasgos cada vez más claramente humanos, por lo que merece algún tipo de protección y, en consecuencia, se impone un castigo a quien lo aborte. Sin embargo, y como digo, los socialistas están siendo inconsecuentes con sus propios principios, porque, en realidad, sólo existen dos posibilidades: o el feto no alcanza el status de ser humano mientras está en el vientre de su madre, sino sólo desde el parto (en cuyo caso lo lógico sería admitir como legal el aborto en cualquier momento de la gestación, incluso pocas semanas antes de los nueve meses), o bien sí adquiere ese status en alguna fase de su crecimiento (en cuyo caso es contradictorio castigar el aborto de ese feto, ya bastante desarrollado, con una simple multa). Es decir: o se permite el aborto en cualquier momento de la gestación, o bien, si se castiga penalmente a partir de cierto plazo porque se considera que allí ya hay un niño -o, al menos, un feto claramente humano-, entonces no tiene sentido imponer una mera multa para un crimen tan monstruoso.
Entonces, ¿cuál es la razón profunda de que el Gobierno de Zapatero haya previsto una pena tan ridícula -una multa, como por aparcar mal- para cualquier aborto que traspase los límites fijados por la nueva ley? La razón es muy sencilla: porque establecer una pena de cárcel -incluso leve: digamos unos dos años- supondría reconocer que el aborto, al menos en ciertas circunstancias, ya no constituye un “derecho de la mujer”, sino un crimen. Ahora bien: el PSOE de Zapatero no puede reconocer tal cosa, porque entonces correría el peligro de escuchar ese eco que nos llega del corazón y de despertar al menos un poco su conciencia moral, anestesiada desde hace décadas por la ideología progresista.
¿Despertar la conciencia? ¿Alinearse, siquiera tangencialmente, con postulados más o menos conservadores? Ya sabemos que el progresismo no puede permitir tal cosa. Y es que, en el tema del aborto, los socialistas aplican sistemáticamente, por encima de cualquier consideración moral, el principio individualista de que la mujer -o la pareja- tiene derecho a abortar más allá de todo límite y sin que se produzca ninguna consecuencia penal grave.
Con la ley de 1985, que establecía penas de cárcel para los abortos practicados fuera de los tres supuestos despenalizados, la presión del lobby progresista, aliada con la connivente indiferencia de una derecha cada vez más cínica, consiguió que, por muy bárbaro y extralimitado que fuese el aborto -recordemos el caso Morín-, prácticamente ninguna mujer -y ninguna en absoluto en los últimos diez o doce años- fuese a la cárcel: existía en España una escandalosa impunidad de hecho, asombrosa incluso para la Europa abortista. Ahora, con la pena de multa prevista por la nueva ley, está por ver hasta qué punto habrá voluntad política y judicial de aplicarla.
Puede ser, desde luego, que acaso la haya un poco: salvo los fanáticos del aborto, defensores del “todo vale” en nombre del “derecho de la mujer a su cuerpo y a decidir su futuro”, incluso el progresismo socialista siente cierta repugnancia ante abortos como los de Carlos Morín. Pero, ¿cuánta repugnancia? Sólo la suficiente para imponer… una pena de multa. Y no creamos, no, que Zapatero va a estar muy preocupado por la celosa aplicación de esta ley, es decir, por multar a las parejas que aborten un feto ya bastante desarrollado, y claramente humano, en todos los casos en que tal cosa suceda. Mucho me temo que tales multas sólo lleguen a imponerse en casos muy contados y casi excepcionales, ya que el PSOE, a raíz del caso Morín, ha blindado a las clínicas abortistas contra la potestad de inspección de las Comunidades Autónomas, creando de hecho una situación de auténtico secreto; y tampoco creo que vaya a dar muy rigurosas instrucciones para que la policía ande atenta al tema. Lo que quiere Zapatero es que las cosas sigan como durante los últimos años: con una impunidad total para el aborto, de modo que las mujeres puedan abortar sin cortapisas, dentro y fuera de los plazos previstos por la ley. Lógicamente, de cara a la galería y ante la opinión pública, hay que fijar una sanción -aunque sea una simple multa- para quienes aborten traspasando de los límites temporales que la nueva ley marca; pero la voluntad política oculta es, básicamente, la de no aplicar tal sanción, o al menos la de aplicarla mínimamente. Y ello porque una aplicación rigurosa incluso de esta ridícula multa que ahora se establece también implicaría el peligro al que antes me he referido: el de despertar, aunque sea sólo un poco, la conciencia moral de los socialistas y de la ciudadanía de izquierdas en general; dicho de otra manera: imponer realmente esa multa tras un proceso judicial implicaría el peligro de reconocer que, en materia de aborto, existen unos principios morales objetivos -aunque sea en la muy tenue versión socialista- por encima de la sacrosanta libertad individual de la mujer o de la pareja que, en la semana 10 o en la 20 de la gestación, o casi en la que sea, decide abortar.
Como se ve, el máximo interés de Zapatero consiste en que los españoles no oigan la voz de su conciencia. En que no haya tribunales que juzguen a mujeres, parejas y médicos por abortar fuera de plazo y de supuestos, aunque la pena legalmente prevista sea una simple multa. En que la dictadura de la ideología progre siga ejerciendo su tiranía sobre un país cada vez más anestesiado. En que se pueda abortar sin controles ni molestias, ya que ello es signo de progreso. Y en fin: en que las leyes españolas no defiendan al feto humano de ninguna manera. Para nuestra eterna ignominia y para nuestra infinita vergüenza.
ANTONIO MARTÍNEZ
